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Disúrbia
Blog amb notícies de premsa sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears.
31 d’agost 2004
19 d’agost 2004
Regularizadas 374 piscinas ilegales en Palma
(Última Hora, 19/08/2004)
Cort abrirá un expediente a los propietarios que aún no han dado de alta estas instalaciones
JOSEP MARIA AGUILÓ
El teniente de alcalde de Hisenda i Funció Pública del Ajuntament de Palma, el popular Pedro Álvarez, dio a conocer ayer que los propietarios de 374 piscinas consideradas hasta ahora como ilegales, sobre un total de 567 detectadas en Ciutat, han regularizado su situación en el último año, por lo que no se les impondrá ninguna sanción económica y, simplemente, deberán pagar una cuota algo más elevada cuando tengan que abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a 2004, ya que la base imponible será mayor a partir de ahora.
Cabe recordar que el pasado verano, Álvarez anunció que Cort había detectado la existencia de 567 piscinas ilegales en el término municipal de Palma tras un estudio fotográfico aéreo hecho por el Consistorio. La detección de las piscinas no declaradas fue posible a partir de la comparación entre las licencias de obras y los recibos archivados en el registro municipal correspondiente a 1998 y las imágenes fotográficas tomadas años después. De momento han regularizado su situación un 66 por cien de los afectados.
Por lo que respecta a los propietarios de las 193 piscinas restantes, Álvarez indicó que en los últimos dos meses se ha remitido toda la documentación existente sobre estos casos a la Gerència del Cadastre del Ajuntament, «para que abra los correspondientes expedientes de inspección, que prevén para este tipo de situaciones desde recargos del 20 por cien hasta la denuncia por infracción urbanística o incluso el cierre de la piscina», destacó, y recordó que Cort, mediante un escrito enviado meses atrás, había dado a todos los infractores la posibilidad de regularizar su situación de manera voluntaria y sin coste adicional alguno.
Cort abrirá un expediente a los propietarios que aún no han dado de alta estas instalaciones
JOSEP MARIA AGUILÓ
El teniente de alcalde de Hisenda i Funció Pública del Ajuntament de Palma, el popular Pedro Álvarez, dio a conocer ayer que los propietarios de 374 piscinas consideradas hasta ahora como ilegales, sobre un total de 567 detectadas en Ciutat, han regularizado su situación en el último año, por lo que no se les impondrá ninguna sanción económica y, simplemente, deberán pagar una cuota algo más elevada cuando tengan que abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a 2004, ya que la base imponible será mayor a partir de ahora.
Cabe recordar que el pasado verano, Álvarez anunció que Cort había detectado la existencia de 567 piscinas ilegales en el término municipal de Palma tras un estudio fotográfico aéreo hecho por el Consistorio. La detección de las piscinas no declaradas fue posible a partir de la comparación entre las licencias de obras y los recibos archivados en el registro municipal correspondiente a 1998 y las imágenes fotográficas tomadas años después. De momento han regularizado su situación un 66 por cien de los afectados.
Por lo que respecta a los propietarios de las 193 piscinas restantes, Álvarez indicó que en los últimos dos meses se ha remitido toda la documentación existente sobre estos casos a la Gerència del Cadastre del Ajuntament, «para que abra los correspondientes expedientes de inspección, que prevén para este tipo de situaciones desde recargos del 20 por cien hasta la denuncia por infracción urbanística o incluso el cierre de la piscina», destacó, y recordó que Cort, mediante un escrito enviado meses atrás, había dado a todos los infractores la posibilidad de regularizar su situación de manera voluntaria y sin coste adicional alguno.
15 d’agost 2004
Entrevista a Guillem Vidal, ex-president del TSJC
(Diario de Mallorca, 15/08/2004)
[De tota l'entrevista al magistrat i ex-president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'inclou només la resposta referida a la disciplina urbanística]
(...)
-¿Es la justicia el único freno a la actuación política?
-El político sabe que está controlado por el poder judicial, a través del contencioso-administrativo y del penal si cometen delito, aunque estos casos son los menos. Pero creo que los políticos no tienen mucho miedo al poder judicial. Al contencioso, que es el que controla la actuación de la administración, nignún miedo... Basta ver el sector urbanístico para comprobar que la intervención del poder judicial es mínima y más que mínima infructuosa... Para llegar a derribar una construcción ilegal tienen que pasar muchas cosas. En el ámbito penal, hombre si un político hace algo como lo del Rasputín... pues un cierto miedo tendrá de que le enganchen.
[De tota l'entrevista al magistrat i ex-president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'inclou només la resposta referida a la disciplina urbanística]
(...)
-¿Es la justicia el único freno a la actuación política?
-El político sabe que está controlado por el poder judicial, a través del contencioso-administrativo y del penal si cometen delito, aunque estos casos son los menos. Pero creo que los políticos no tienen mucho miedo al poder judicial. Al contencioso, que es el que controla la actuación de la administración, nignún miedo... Basta ver el sector urbanístico para comprobar que la intervención del poder judicial es mínima y más que mínima infructuosa... Para llegar a derribar una construcción ilegal tienen que pasar muchas cosas. En el ámbito penal, hombre si un político hace algo como lo del Rasputín... pues un cierto miedo tendrá de que le enganchen.
08 d’agost 2004
El PSM denuncia ante el Consell al concejal de Urbanismo de Inca por segregar una finca
(Última Hora, 8/08/2004)
Se trata de la segunda residencia que el ex senador Bartomeu Seguí tiene en el municipio de Alcúdia
M.NADAL/E.B.
El PSM-Entesa Nacionalista ha solicitado al Consell Insular de Mallorca que subrogue las competencias del Ajuntament d'Alcúdia en materia de disciplina urbanística y restablezca la legalidad en la finca que el concejal de Urbanismo de Inca y ex senador, Bartomeu Seguí, tiene en este municipio.
El PSM denunció hace más de un año ante el Ajuntament d'Alcúdia una presunta irregularidad en la segregación de dicha finca, segunda residencia del regidor Seguí, sin que hasta el momento el Ajuntament d'Alcúdia haya obrado en consecuencia. Ante la inoperancia municipal el PSM solicita ahora al Consell Insular que intervenga para restablecer la legalidad.
La irregularidad urbanística que se cuestiona fue destapada por Ultima Hora en agosto de 2002. Consiste en la segregación de una finca indivisible en el municipio de Alcúdia, en la que el regidor ha construido una casa de la que todavía tiene pendiente el final de obra y es que para obtenerlo el Ajuntament d'Alcúdia le exige que presente un certificado de indivisibilidad de la finca, certificado que el concejal no puede presentar porque segregó irregularmente la misma, según comprobó Ultima Hora en el registro de la propiedad de Pollença.
El PSM recuerda ahora que la finca propiedad de Bartomeu Seguí «tiene una superficie de tan solo dos hectáreas, cuarenta áreas aproximadamente, muy apartada de los 84.000 metros cuadrados alegados en la solicitud de licencia de obra que presentó al Ajuntamnet y de los 75.000 metros cuadrados que las Normas de Alcúdia establecen como parcela mínima indivisible para construir una vivienda en la zona».
El escrito que el PSM dirige a la presidenta del Consell, Maria Antonia Munar, dice: «Seguí ha engañado al Ajuntamnet d'Alcúdia y a la Comisión Provincial de Urbanismo. Un caso se escarnio como este, protagonizado por un señor que hasta ahora ha sido senador por Mallorca, no puede quedar sin reacción».
Se trata de la segunda residencia que el ex senador Bartomeu Seguí tiene en el municipio de Alcúdia
M.NADAL/E.B.
El PSM-Entesa Nacionalista ha solicitado al Consell Insular de Mallorca que subrogue las competencias del Ajuntament d'Alcúdia en materia de disciplina urbanística y restablezca la legalidad en la finca que el concejal de Urbanismo de Inca y ex senador, Bartomeu Seguí, tiene en este municipio.
El PSM denunció hace más de un año ante el Ajuntament d'Alcúdia una presunta irregularidad en la segregación de dicha finca, segunda residencia del regidor Seguí, sin que hasta el momento el Ajuntament d'Alcúdia haya obrado en consecuencia. Ante la inoperancia municipal el PSM solicita ahora al Consell Insular que intervenga para restablecer la legalidad.
La irregularidad urbanística que se cuestiona fue destapada por Ultima Hora en agosto de 2002. Consiste en la segregación de una finca indivisible en el municipio de Alcúdia, en la que el regidor ha construido una casa de la que todavía tiene pendiente el final de obra y es que para obtenerlo el Ajuntament d'Alcúdia le exige que presente un certificado de indivisibilidad de la finca, certificado que el concejal no puede presentar porque segregó irregularmente la misma, según comprobó Ultima Hora en el registro de la propiedad de Pollença.
El PSM recuerda ahora que la finca propiedad de Bartomeu Seguí «tiene una superficie de tan solo dos hectáreas, cuarenta áreas aproximadamente, muy apartada de los 84.000 metros cuadrados alegados en la solicitud de licencia de obra que presentó al Ajuntamnet y de los 75.000 metros cuadrados que las Normas de Alcúdia establecen como parcela mínima indivisible para construir una vivienda en la zona».
El escrito que el PSM dirige a la presidenta del Consell, Maria Antonia Munar, dice: «Seguí ha engañado al Ajuntamnet d'Alcúdia y a la Comisión Provincial de Urbanismo. Un caso se escarnio como este, protagonizado por un señor que hasta ahora ha sido senador por Mallorca, no puede quedar sin reacción».
El Plan Territorial impone medidas contra el urbanismo ilegal en rústico
Incluye la exigencia expresa de una casa por parcela, con diseño "inequívoco" unifamiliar que no oculte más de una vivienda
(Diario de Mallorca, 8/08/2004)
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
La redacción definitiva del Plan Territorial de Mallorca, que será sometido a votación el próximo mes de noviembre, incluye medidas destinadas a combatir el fraude urbanístico en suelo rústico y mantiene (con la excepción de la equiparación de la parcela mínima para viviendas en las Áreas de Interés Agrario a los 14.000 metros cuadrados del suelo rústico común) las restricciones y condiciones de integración paisajística para construir en este suelo.
Según ha explicado el conseller de Ordenación del Territorio del Consell, Bartomeu Vicens, se ha introducido la exigencia "expresa" de que únicamente pueda construirse una vivienda unifamiliar por parcela y, además, la viabilidad de la construcción quedará ligada -según se lee en el texto del PT- a que "el programa de distribución del conjunto de dependencias sea inequívoco para una única vivienda unifamiliar". Asimismo, se impide también la posibilidad de construcciones separadas de la edificación principal.
La referencia a una única vivienda unifamiliar por parcela se ha incorporado ante la detección, por parte de los servicios de disciplina urbanística del Consell, de casos en los que se presentaba, como proyecto de una vivienda unifamiliar, una construcción con numerosas habitaciones y baños o un extraño número de cocinas que, en realidad, escondían apartamentos, que, incluso en algunos supuestos, se destinaban posteriormente a oferta turística.
En la misma línea, se quieren evitar otros supuestos de fraude, como plantear una vivienda en bloques separados que posteriormente "se convertían" en viviendas independientes.
La superficie máxima construida queda limitada al 3% del total de la parcela en rústico común y al 2% en protegido. Inicialmente se había bajado la limitación al 1% y 2% respectivamente, pero en el texto definitivo se vuelve a lo máximos que fija la Llei de sól rústic. La ocupación máxima queda en el 3% en protegido y del 4% en común.
Agroturismos en ANEI
Tal y como ya se recogía en el texto inicial, queda prohibida la construcción en el suelo rústico de máxima protección (Áreas Naturales de Especial Interés, de Alto Nivel de Protección y de Rurales de Interés Paisajístico Boscoso). En suelo rústico forestal y Área rural de Interés Paisajístico, la parcela mínima se eleva de los 30.000 a los 50.000 metros cuadrados; en rústico común se mantiene en los 14.000 metros cuadrados y se introduce un cambio "a la baja" en las Áreas de Interés Agrario, pues se pasa de 28.000 previstos en el texto inicial a 14.000 metros cuadrados en el definitivo.
El conseller Vicens señala que el cambio se ha introducido a petición de los representantes del sector agrario y que no entiende que entrañe ningún riesgo de protección.
Igualmente, atendiendo a alegaciones de las patronales y asociaciones agrarias, y también del Govern, se abre la posibilidad de que incluso en las zonas ANEI y ARIP, siempre en construcciones ya existentes, pueda desarrollarse actividad industrial de transformación agrícola. En este sentido, Vicens resalta que esa actividad se limita a productos que genere la propia explotación. Asimismo, construcciones ya existentes podrán destinarse a agroturismos. Las possessions quedan reservadas para oferta turística de cinco estrellas.
(Diario de Mallorca, 8/08/2004)
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
La redacción definitiva del Plan Territorial de Mallorca, que será sometido a votación el próximo mes de noviembre, incluye medidas destinadas a combatir el fraude urbanístico en suelo rústico y mantiene (con la excepción de la equiparación de la parcela mínima para viviendas en las Áreas de Interés Agrario a los 14.000 metros cuadrados del suelo rústico común) las restricciones y condiciones de integración paisajística para construir en este suelo.
Según ha explicado el conseller de Ordenación del Territorio del Consell, Bartomeu Vicens, se ha introducido la exigencia "expresa" de que únicamente pueda construirse una vivienda unifamiliar por parcela y, además, la viabilidad de la construcción quedará ligada -según se lee en el texto del PT- a que "el programa de distribución del conjunto de dependencias sea inequívoco para una única vivienda unifamiliar". Asimismo, se impide también la posibilidad de construcciones separadas de la edificación principal.
La referencia a una única vivienda unifamiliar por parcela se ha incorporado ante la detección, por parte de los servicios de disciplina urbanística del Consell, de casos en los que se presentaba, como proyecto de una vivienda unifamiliar, una construcción con numerosas habitaciones y baños o un extraño número de cocinas que, en realidad, escondían apartamentos, que, incluso en algunos supuestos, se destinaban posteriormente a oferta turística.
En la misma línea, se quieren evitar otros supuestos de fraude, como plantear una vivienda en bloques separados que posteriormente "se convertían" en viviendas independientes.
La superficie máxima construida queda limitada al 3% del total de la parcela en rústico común y al 2% en protegido. Inicialmente se había bajado la limitación al 1% y 2% respectivamente, pero en el texto definitivo se vuelve a lo máximos que fija la Llei de sól rústic. La ocupación máxima queda en el 3% en protegido y del 4% en común.
Agroturismos en ANEI
Tal y como ya se recogía en el texto inicial, queda prohibida la construcción en el suelo rústico de máxima protección (Áreas Naturales de Especial Interés, de Alto Nivel de Protección y de Rurales de Interés Paisajístico Boscoso). En suelo rústico forestal y Área rural de Interés Paisajístico, la parcela mínima se eleva de los 30.000 a los 50.000 metros cuadrados; en rústico común se mantiene en los 14.000 metros cuadrados y se introduce un cambio "a la baja" en las Áreas de Interés Agrario, pues se pasa de 28.000 previstos en el texto inicial a 14.000 metros cuadrados en el definitivo.
El conseller Vicens señala que el cambio se ha introducido a petición de los representantes del sector agrario y que no entiende que entrañe ningún riesgo de protección.
Igualmente, atendiendo a alegaciones de las patronales y asociaciones agrarias, y también del Govern, se abre la posibilidad de que incluso en las zonas ANEI y ARIP, siempre en construcciones ya existentes, pueda desarrollarse actividad industrial de transformación agrícola. En este sentido, Vicens resalta que esa actividad se limita a productos que genere la propia explotación. Asimismo, construcciones ya existentes podrán destinarse a agroturismos. Las possessions quedan reservadas para oferta turística de cinco estrellas.
Límites a las reformas y ampliaciones de casas de campo
Con la misma intención de evitar el fraude urbanístico en suelo rústico, el PT indica que sólo podrán ampliarse o reformarse viviendas de una superficie mínima de 35 metros cuadrados. Sin embargo, en este punto se ha rebajado la exigencia inicial, que se fijaba en 50. Asimismo, se prohíbe cualquier reforma que afecte a la estructura de la vivienda, que dejará de considerarse como tal.
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